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El Gobierno Nacional y los fondos privados de pensiones protagonizan un fuerte enfrentamiento por el traslado de recursos pensionales que supera los $25 billones. La medida, impulsada para cubrir obligaciones actuales, ha encendido alarmas en distintos sectores económicos y jurídicos del país.
Desde Colpensiones se sostiene que los recursos deben seguir al afiliado que se trasladó al régimen público, mientras Asofondos advierte que el decreto podría ser ilegal y afectar el ahorro de millones de trabajadores.
La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que revisa el alcance de la reforma pensional y el uso de estos recursos. Expertos advierten que una decisión apresurada podría impactar el sistema financiero y el futuro de las pensiones en Colombia.
